Dos cajeras de la Administración de Rentas de Jojutla también están en la cárcel




Fueron aprehendidas dos cajeras de la dirección de Administración de Rentas del Gobierno del Estado en el municipio de Jojutla, presuntas cómplices en la desviación de recursos que se venían realizando desde esta área, en contubernio con el administrador de esta área, así como con el jefe del departamento de la Unidad de Coordinación para la Sociedad de la Información de la Secretaría de Finanzas del Estado.

Durante la tarde de ayer fueron trasladadas a las oficinas del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), las presuntas responsables: María Luisa Barrera Albarrán y Sofía Garduño Alvarez; la primera de ellas, de quien se dijo es esposa del líder de transportistas de la Ruta 8 de la zona Surponiente, Rosendo Catalán.

Cabe señalar que la aprehensión de estas mujeres derivó de la detención que se realizó el pasado fin de semana de Gustavo Adolfo Gutiérrez Williams, quien se venía desempeñando como administrador de Rentas del Ejecutivo Estatal, en Jojutla, así como de Carlos Alberto Alemán Martínez, quien era jefe del departamento de la Unidad de Coordinación para la Sociedad de la Información (UCSI), de la Secretaría de Finanzas del Estado, ambos presuntos responsables del delito de peculado y asociación delictuosa en agravio del Gobierno del Estado, delito en el que fueron involucradas las dos cajeras.

Y es que estos malos servidores públicos, aprovechaban los cargos que tenían para desviar parte de los ingresos que obtenían por concepto de catastro, tenencia, licencias, entre otros, que eran repartidos presuntamente en partes iguales entres los cuatro detenidos.

Los servidores públicos, expedían dos recibos de pago con el mismo número de folio por los trámites que ahí se realizaban, pero uno con una cantidad menor a la que realizaban los contribuyentes, quedándose ellos con la mayor parte del pago que no era reportado.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar si hay más personas involucradas, mientras que se analiza la situación jurídica de los detenidos para aclarar su situación legal.