La fabricación de delitos y desprecio de Estrada Cajigal, constantes en el caso de la familia Tafolla

XOXOCOTLA, MOR. El caso Tafolla estuvo plagado de irregularidades desde el mismo día de la detención -25 de febrero-, ya que la familia refiere que el agente del Ministerio Público invitó a los Tafolla a negociar con la parte acusadora entregando 30 mil pesos a cambio de retirar la acusación contra Gerardo. Al día siguiente, al estar a disposición de la agencia del Ministerio Público de Miacatlán y sin haber rendido su declaración preparatoria, judiciales trasladaron a Gerardo al sector central lugar en el que Montiel López, le cuestionó acerca del porqué “atacaba” a su corporación, en referencia al caso que llevaba de su hermano y la denuncia por tortura que interpuso.
Mientras Gerardo era presentado ante Montiel López, los familiares, que desconocían su paradero, se angustiaron: “a dónde se llevaron a mi hijo, le dije a una licenciada” y no recibió respuesta María Magdalena Soriano Jiménez, madre de los Tafolla. Ante la incertidumbre y la desaparición por cuatro horas de Gerardo, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La averiguación previa por el delito de extorsión es la TC/2ª/092/04-02. Tanto la defensa de Gerardo como los familiares se dieron cuenta que no se acredita el delito de extorsión, pues no hay fundamento, aunado a que detectaron, entre otras, diversas irregularidades:
1) Que en la declaración de la parte acusadora, se afirma que el juez mixto con sede en Tetecala, Morelos, aconseja a los familiares de los detenidos se proceda en contra de Gerardo Tafolla.
2) Que al tomar las declaraciones de la parte acusadora, ésta cae en constantes contradicciones y toman la decisión de tirar al bote de la basura, las actas ya certificadas (mismas que la defensa tiene en su poder), para ser retomada y modificada por el juez en turno.

Testigos eran manipulados
por las autoridades

En entrevista con Radioreportaje, Soriano Jiménez, La maestra Mayo, testigo de una diligencia en la que se comprobó lo anterior, refiere que cuando las autoridades toman declaración a las denunciantes, supuestamente extorsionadas por ser analfabetas, confiesan que el juez les dio un papel en el que les apuntó lo que tenían que decir y que lo enunciarán conforme lo que habían quedado. Ahí mismo, son regañadas por la abogada fiscal, que las interrogaba y molesta les dice que su declaración no sirve, se las entrega selladas. Otra vez, ingenuamente, las denunciantes se van y en el camino depositan en la basura las declaraciones y son recuperadas por los familiares y defensa de Tafolla, con lo cual comprueban la intervención del juez mixto en contra de Gerardo, siendo juez y parte, y quien se presume ayudó a Montiel López en el caso.
La CIDH, que ha dado seguimiento del caso, cita que “el 26 de febrero por la noche tras de haber aportado todas las pruebas en las que consta que (Gerardo) no es responsable del delito que se le imputa, y de que la propia secretaria de acuerdos indica que el delito no es acreditado por falta de elementos en su contra, después de recibir una llamada telefónica presumiblemente de Montiel López, le fija responsabilidad.
“El día 27, una vez que la averiguación previa no se terminó de integrar, a las 20 horas (lapso en que finaliza el término constitucional), el subprocurador de la zona sur poniente con sede en Jojutla (Ascensión Pacheco Godínez), después de recibir una llamada telefónica, le dijo a los abogados que no podía hacer nada, ya que en ese momento le estaba dando instrucciones el coordinador de la Policía Ministerial y que esto ya estaba en su jurisdicción”.
A Gerardo lo trasladaron a la cárcel de Puente de Ixtla “de forma igualmente ilegal”, precisa la CIDH, con el argumento de que existía otra averiguación previa por los delitos de difamación y extorsión, demanda entablada por el juez mixto del distrito de Tetecala.

Diversas anomalías
en la conducción en el caso

Nadia Carina Figueroa Castro, agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de la zona sur, designada especialmente para integrar la averiguación previa, TC/2ª/092/04-02 al momento de trasladar a Gerardo y al ser cuestionada por dicho acto, dijo al abogado defensor que ya había hablado con su homóloga, con la que acordó recibirlo dentro del término, es decir, aunque recibió la consignación horas después, sería la misma fecha y hora. Sin embargo, Gerardo llegó a Puente de Ixtla a las 8:30, a esta hora, dicha averiguación previa físicamente se encontraba en Tetecala. Además, no se dieron informes de su situación jurídica, ni orden de aprehensión por los nuevos delitos que se le imputaban.
Mantuvieron a Gerardo incomunicado, mientras que en forma ventajosa, en Tetecala continuaron integrando declaraciones y elementos al expediente por el que se le detuvo en principio, sin que hubiera un notario o visitador de la CEDH, para dar fe de estas acciones fuera del plazo constitucional.
Más tarde, “fue torturado también por los judiciales de Puente de Ixtla. En Miacatlán estuvo bien, fue después en Puente de Ixtla cuando salió todo golpeado”, refieren los familiares.
Cuando falleció Antonio Tafolla, padre de los afectados, se le hizo un homenaje en el Teatro Ocampo. Asistió el gobernador Sergio Estrada Cajigal, y en su discurso elogió la trayectoria del profesor, quien la mayor parte de su vida la dedicó a enseñar náhuatl y a defender, como traductor, los derechos humanos de indígenas procesados ilegalmente; además, a edificar la primer escuela primaria en Xoxocotla, adjunta a su vivienda. En ese tiempo, recién había sucedido el caso de Julio César, Magdalena Soriano le manifestó al mandatario que cómo era posible que por un lado le rindiera un homenaje a su esposo muerto y “por el otro nos apuñale la espalda”. La maestra Mayo, viuda, tomó del brazo al gobernador y le pidió su intervención, pues “estoy segura de que es inocente” (refiriéndose a su hijo). La respuesta de Estrada Cajigal fue tajante y dejó muda a la señora: “usted sí, pero yo no”.