DESDE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION EN MEXICO
Por: Antonio Morquecho

Advirtieron diputados a Ramón Martín Huerta sobre el peligro
para México por el crecimiento de la delincuencia
• El secretario de Seguridad Pública compareció para explicar programas y aplicación del presupuesto
• Fue objetado debido a la falta de supervisión en los reclusorios federales

El diputado Jorge Uscanga Escobar, presidente de la Comisión de Seguridad Pública dijo que la seguridad es una función irrevocable y prioritaria del Estado, que requiere más que nunca de una atención integral y una política nacional de prevención del delito.
En el marco de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, para analizar el IV Informe de Gobierno en la materia, el legislador priísta destacó que hay problemas en ese ámbito que deben resolverse a fondo, al igual que el Sistema Nacional de Reclusorios, donde, dijo, ha penetrado la corrupción y existen más de 190 mil internos, cuando la capacidad es sólo de 150 mil.
Aseguró que la Comisión que preside dará las herramientas para que los funcionarios encargados de la seguridad puedan laborar, "damos las leyes para que ustedes trabajen y de ustedes depende lo hagan bien o mal".
Externó su beneplácito de que se hayan incrementado en 100 por ciento los apoyos a las entidades del país y al Distrito Federal para enfrentar la delincuencia, a través de la iniciativa presentada por el Presidente de la República.

En la ronda de preguntas, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI) aseguró que la seguridad pública ocupa actualmente el primer lugar de la demanda ciudadana hacia el gobierno y reconoció que a cuatro años del actual gobierno no se ha estructurado un programa viable y eficaz que detenga la delincuencia y prevenga el delito, ni se han reforzado los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las entidades federativas y el Distrito Federal.
Solicitó información sobre los planes, proyectos y acciones de la dependencia para combatir a fondo el problema de inseguridad y disminuir los índices de criminalidad. Preguntó qué acciones concretas se realizan para prevenir el delito, si los principales fenómenos son el narcomenudeo, el robo con violencia, el asalto carretero, el secuestro, el contrabando y la violación.
Asimismo, aseguró que el sistema penitenciario está rebasado ante los fenómenos de corrupción, motines, fugas violentas y riñas, los cuales "son auspiciados por los capos". Al respecto, interrogó cómo garantizar la custodia de los internos, principalmente en los penales de alta seguridad, y si se tiene previsto construir otros reclusorios federales.
En respuesta, Ramón Martín Huerta dijo que se han organizado operativos para encontrar los puntos de narcomenudeo, que es un fantasma que recorre al país, y localizar a presuntos integrantes de bandas de roba coches y mercancías.
En su derecho de réplica, el diputado Jorge Romero Romero (PRI) aseguró que dos de cada 10 personas encuestadas han sido víctimas de la delincuencia y el mismo número lo denuncian. Agregó que la sociedad reclama resultados en el ámbito de seguridad, ya que ocho de cada 10 policías en el país son corruptos, lo cual es la causa principal de ineficacia de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por su parte, la diputada María Antonia García Sanjinés (PAN) reconoció el grave problema de la inseguridad pública en México y dijo que es importante dejar claro que no todo es responsabilidad ni mucho menos culpa del gobierno foxista.
"Necesitamos asumir nuestra responsabilidad en la solución del problema de la violencia y delincuencia que se ha extendido en numerosas partes del país, al igual que la actitud de considerar la ley no como norma para cumplirse sino para negociarse", indicó.
Preguntó cómo se pueden mejorar los esquemas de coordinación entre la Secretaría y el Poder Legislativo y qué obstáculos se han presentado.
Al respecto, el titular de la SSP afirmó que no se permitirá la impunidad e informó que en la madrugada de este martes fueron trasladados 50 sentenciados del penal de La Palma al de Puente Grande, como parte del proceso de reacomodo de los internos de alta y mediana peligrosidad.
Reconoció que en los penales hay casos de corrupción y se albergan problemas muy serios. "Una buena parte de los internos que están en La Palma, Puente Grande y Matamoros son los especialistas en corromper y algunos en secuestrar y, por supuesto que también los custodios, son humanos y son vulnerables", afirmó.
En la réplica, el panista Raúl Leonel Paredes Vega, subrayó que en algunos casos los cuerpos policíacos son verdaderas sucursales de la delincuencia. Dijo que el actual sistema de seguridad se encuentra rebasado y preguntó cuál es la propuesta para reformarlo y eficientar el sistema penitenciario.
Más adelante, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) resaltó la necesidad de aplicar un programa de austeridad en el aparato burocrático que existe en la Secretaría, ya que entre mandos altos y medios suman más de 566 funcionarios en quienes se erogan cerca de 10 millones de pesos mensuales.
La legisladora perredista lamentó que la policía encabezada por el Secretario de Seguridad Pública esté, en su mayoría, conformada y dirigida por militares, lo que resulta jurídica, política y éticamente inapropiado ya que a los miembros de las fuerzas armadas la constitución no les asigna dichas labores.
Cuestionó que se gaste una cantidad considerable en spots publicitarios que refieren que los índices de accidentes carreteros han disminuido mientras que los subsecretarios de Comunicaciones y Transportes señalan que éstos se han elevado de manera considerable.
En su oportunidad, Marcela Lagarde y de los Ríos presidenta de la Comisión Especial sobre Feminicidios, enfatizó que la violencia de género, la privada, la pública realizada por delincuentes, parientes, desconocidos o compañeros es un problema público y lo es también para el país.
La diputada perredista propuso crear un plan nacional que tenga como una de sus prioridades generar las condiciones de seguridad para las mujeres en el país. Destacó que siguen los asesinatos de mujeres; "son un asunto de la actual administración, aunque hayan sido cometidos hace años, por lo que México requiere justicia en todos los casos para llegar a la verdad en los crímenes".

En su turno, el diputado Luis Antonio González Roldán (PVEM) cuestionó al funcionario sobre las acciones que implementará la Secretaría para prevenir y evitar la introducción de armas, cuál es la idea que se tiene de los centros de máxima seguridad y sobre los acontecimientos en el cereso de La Palma.
Manifestó que los problemas sobre seguridad pública que aquejan al país reflejan que los mecanismos para la prevención del delito han fracasado.
El funcionario dijo que uno de los problemas en este tema es que no se cuenta con los mecanismos necesarios para una coordinación entre las policías estatales y Federal.
Más adelante, el diputado Jesús González Schmal (Convergencia) aseguró que existe desinterés en la Secretaría de Seguridad Pública sobre los feminicidios en Ciudad Juárez; crímenes que laceran, dijo, la dignidad del país y se han "trasladado al mundo como una de las vergüenzas que no mueven el interés de los funcionarios".
En respuesta el funcionario comentó que en Ciudad Juárez las veces que se ha requerido a la PFP acude sin esperar a que los llamen. Abundó que desde que llegó la Policía Federal a esa Ciudad no se ha retirado, ahora mismo hay alrededor de 100 elementos, puntualizó.
Intervención inicial del secretario de Seguridad Pública
En su intervención inicial, el secretario de Seguridad Pública aseguró que la dependencia a su cargo está preparada para una nueva y eficaz ofensiva contra la delincuencia con acciones de innovación, prevención del delito, mejoramiento de la policía, programas de readaptación social, blindaje y mejora de los centros de reclusión y fortalecimiento de las relaciones con los estados.
Aseguró que existe voluntad para combatir el crimen mediante la consolidación de una política de Estado cuya vigencia y eficacia trascienda la voluntad de un gobierno o partido político. "Estamos inmersos en un proceso de innovación institucional irreversible con una policía equipada, preparada y con sistemas de alta tecnología", aseveró.
Señaló que ninguna acción dará resultados si no se basa en el respeto a la ley y una activa participación social. Por ello, dijo, la Secretaría de Seguridad Pública actuará con pleno respeto a los derechos humanos.
Martín Huerta precisó: "no aceptamos errores ni disculpas de nadie en la responsabilidad de custodiar los reclusorios". Agregó que durante los próximos meses se trasferirán mil 200 sentenciados, a fin de descongestionar los centros de reclusión en Sonora y la misma acción se extenderá, el próximo año, al resto de las entidades federativas.