Empresa deforestó seis hectáreas




Tlaquiltenango.- La empresa Gutsa Infraestructura, que explotó yacimientos de piedra en la comunidad a cambio de pavimentar un camino de acceso, ni cumplió con el acuerdo convenido y además no cuenta con los permisos correspondientes y deforestó una zona de seis hectáreas, por lo que se haría acreedora a una multa del orden de los 700 mil pesos, informó el asesor jurídico de la comuna, Juan Carlos Basurto Flores.
El abogado reseñó que en marzo de este año, vecinos y empresa formalizaron un acuerdo en el que a cambio de la explotación de material pétreo en terreno ejidal, la empresa pavimentaría el camino de acceso a la población (de más de tres kilómetros), el 24 de julio. Al cumplirse el plazo y no haber obra, se renegoció el convenio para el primero de noviembre de este año, pero la tarde del lunes, al ver que intentaban sacar la maquinaria, los vecinos tomaron el campamento para impedir que se fueran sin materializar el compromiso.
Ambas partes solicitaron la intervención de la autoridad municipal para tratar de llegar a un acuerdo, pero el jueves pasado se canceló la reunión que se tenía programada, por lo que será hasta este lunes por la mañana que vuelvan a reunirse las partes en conflicto.
Basurto Flores enfatizó que si bien la explotación se dio en terrenos ejidales que caen fuera de la competencia de la autoridad municipal, al evaluar la situación se encontró con que la empresa ha incumplido con los derechos municipales.
“En el caso de protección al ambiente, debieron haber hecho un estudio de impacto ambiental, que no nos consta que esté hecho y ellos aseguran que el lunes (hoy) nos lo darán. El área de protección al ambiente trabaja para que no siga la deforestación, pues está prohibida en esa zona –que estimó en seis hectáreas- ya que es área protegida”, dijo.
Agregó que la empresa tampoco ha cumplido en las observaciones que le ha hecho el departamento de protección civil, en cuanto al acordonamiento de la zona. Asimismo, tampoco han pagado sus derechos de obra ni tramitaron el cambio de uso del suelo.
“Cada concepto implica el pago de derechos, y si no se cumplido, también implica sanciones, que serían del orden de los 700 mil pesos en total”.
El asesor enfatizó que el ayuntamiento solamente es “inspector” y deberá ser la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA) y otras autoridades federales, las que intervengan en el caso.