Se convocaría a 162 mil cañicultores para marcha contra veto a Ley Cañera impuesto por Vicente Fox


HUGO BARBERI RICO

ZACATEPEC, MOR. Serían 162 mil cañicultores de 252 municipios, provenientes de 15 estados de la República, los convocados a manifestarse ante la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Los Pinos, en contra del veto del presidente Vicente Fox a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.En lo que toca a la zona de abasto del Ingenio Emiliano Zapata (IEZ) de Zacatepec, son aproximadamente cinco mil productores los que participarían, informó José Amado Orihuela Trejo, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de la Confederación Nacional Campesina (ULPC-CNC) minutos antes de partir a la ciudad de México a recibir instrucciones.Hoy por la mañana se reunirán en la sede nacional del organismo en la que se organizarán para una “gran marcha” nacional que realizarán hasta llegar a la Sagarpa y a Los Pinos, a fin de manifestarse contra el veto que anunció el Presidente de la República en un programa de televisión contra la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, también conocida como la “Ley Cañera”.El meollo del asuntoEl factor problema, como coinciden los líderes cañeros de Zacatepec, es que el presidente Vicente Fox, al abrogar en enero pasado el Decreto Cañero que regía esta industria, da mayores facilidades a los industriales y quita la oportunidad a los cañeros de vigilar que les paguen su caña en forma justa. Es decir, hasta la zafra pasada (2004-2005) los cañeros vigilaban –a través de un especialista nombrado por las organizaciones cañeras– que los análisis químicos se hicieran con honestidad y que se les pagara su caña conforme al rendimiento real del producto.“Anteriormente, se pagaba lo que quería, pero en los últimos años que entramos a dirigir la unión local, estamos al pendiente de que se nos pague según lo que producimos, y por eso esta última zafra tuvimos un rendimiento record”, destacó Aristeo Rodríguez, encargado de la oficina de la ULPC-CNC.Ingeniero agrónomo de profesión y cañero, Aristeo Rodríguez precisó que la máxima es vigilar el rendimiento de la caña ante el laboratorio químico del ingenio, de ahí se determina qué tanto ganará el productor, en base al grado de azúcar que se le extrae de su producto, es el llamado Kilogramo de Azúcar Refinada Base Estándar (KARBE).El grado de extracción de azúcar, el KARBE de esta ocasión fue de 133.3, es decir, obtuvieron los cañeros 133.3 kilogramos de azúcar por tonelada de caña, el rendimiento máximo a nivel nacional, lo cual implicó un incremento favorable en los ingresos por cada ejidatario cañicultor.El funcionario cañero aseguró que estos niveles no se hubieran reportado si ellos no hubieran estado al tanto, vigilantes de que se les dieran los niveles exactos de la extracción de azúcar.Con la abrogación del Decreto Cañero y guiados por la nueva disposición del Ejecutivo federal que ordenó que desde el mes de enero la industria azucarera se rigiera por una Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ahora la Sagarpa, a través de los ingenios, en este caso del IEZ como empresa, sostiene reuniones con productores y los invita a que hagan contrato directo, en forma particular, el productor y la empresa. El problema es que de esta forma el cañero ya no podría vigilar que le paguen su caña con base al rendimiento de su producto, pues estaría supeditado a lo que dijera el empresario, a lo que le quieran pagar, no tendría acceso a vigilar los análisis en laboratorio y en caso de que lo lograra, tendría que pagar en forma particular a un químico, para que éste verifique los estándares de azúcar.Como se informó en su oportunidad, en esta zafra, gracias al alto grado de azúcar que se obtuvo por tonelada de caña, ésta les fue pagada en 437.65 pesos, cantidad muy por encima de otras zafras, lo que ya no sería garantía para las siguientes de estar sometidos a contratos individuales.En las organizaciones cañeras se parte del criterio de que si ninguno de los productos mexicanos tiene garantizado el pago, como el arroz, el sorgo, el trigo, gracias a que están regidos por una Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mientras que la caña se ha regido siempre por una garantía en el precio de su producto, entonces caminarían para atrás si aceptan la nueva disposición de Fox de integrarlos a una ley como esa.Otro problema que cuestionan, es que para que haya una ley tuvo que haberla mandado primero al Congreso y al Senado como iniciativa, pero no lo hizo, sin embargo, ambas instancias la acogieron, la modificaron y le integraron factores determinantes para que haya mayor equidad entre productores y empresarios, sin embargo, ésta enfrentará el veto anunciado del Presidente.Los cañeros ven esta situación con dos vertientes, primera, que el presidente Fox da nuevas alternativas a sus ex compañeros empresarios del dulce, quienes se verían beneficiados con la producción de “alta fructuosa” (producto que al introducirse a México, con el establecimiento de fábricas ha dado al traste a la industria azucarera) que tendría mayores ventajas en comparación con la industria azucarera, es decir, “quiere abrir paso a la alta fructuosa” y mantener sometidos a los cañeros, desorganizándolos.La historiaEl pasado 14 de enero, el presidente Fox, abrogó el Decreto Cañero (1991-1993), lo cual generó una reacción negativa en su contra y puso en estado de alerta a por lo menos 162 mil cañeros del país, entre ellos, por lo menos 10 mil del estado de Morelos, que tienen influencia socioeconómica en unas 20 mil familias, a través de las fábricas de azúcar, Emiliano Zapata y La Abeja, de Zacatepec y Cuautla, Morelos, respectivamente.En principio se hizo notar que quitaría poder y autoridad a las uniones cañeras existentes, pues abría la posibilidad de que el cañero sólo podía entregar su caña al ingenio. Pero lo que más impugnaron los líderes fueron que el decreto les quitaba la garantía para que cada zafra obtuvieran un precio adecuado de la tonelada de caña, también con este decreto perdían la garantía para que el productor tenga asegurada la compra de su caña y finalmente, “se le quita la referencia de que la producción de azúcar (que implica la siembra, cultivo, cosecha y la industrialización de la caña) es de interés público, lo cual quiere decir que al quitar eso quedamos a la deriva y no tenemos ninguna protección por parte del gobierno”, denunció en su momento el líder Amado Orihuela.Ya se amenazaba con movilizaciones nacionalesEn marzo, Carlos Blackaller Ayala, líder de la CNPR, anunció que en el Congreso de la Unión se sometía a un proceso de dictamen para lograr lo que ahora se conoce como la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, misma fue sometida al pleno el 17 de marzo, por la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera del Congreso, donde, contra la negativa de los legisladores del PAN, fue aprobado, luego fue al Senado de la República para su revisión, modificación, en su caso, y aprobación. El Senado le hizo cambios y ahora, se asegura, tiene una aplicación de las disposiciones legales más efectiva, que beneficiarán en su conjunto a este sector productivo. El 27 de abril, el Senado aprobó la ley con 59 votos a favor y el dictamen de ley regresó al Congreso para su aprobación nuevamente. El 21 de junio fue cuando en sesión extraordinaria la 59 Legislatura aprobó la Ley Cañera con 312 votos a favor, 135 en contra y tres abstenciones, por lo que –siguiendo el proceso legal– darían a conocer la minuta del dictamen al Ejecutivo federal, quien tendría diez días para revisarla y hacerle –en su caso– las observaciones, de lo contrario, se publicaría en el Diario Oficial de la Federación para su cumplimiento obligatorio. Lo demás, es materia informada.