Deforestan 100 has. de de rico terreno boscoso

HUGO BARBERI RICO

TLALTIZAPAN, MOR. Ante la negligencia de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), particulares deforestaron -durante una semana- por lo menos 100 hectáreas en un área de reserva ecológica en este municipio, en un asunto en el que se involucra a Ceveriano Muñoz Neri, asesor jurídico del alcalde Abel Espín Paredes.
Tras la denuncia pública, que con posterioridad fue corroborada por este medio, presentada por el síndico, Juan Ramírez Peralta, se precisó que varias hectáreas de terreno boscoso con diversidad de fauna y flora característicos de la selva baja caducifolia, fueron arrasadas en su totalidad en el campo de Cuauilotla, de la comunidad de San Rafael Zaragoza.
La Profepa fue avisada por parte del director de protección ambiental del ayuntamiento, Elías Díaz Salgado, desde que se iniciaron los trabajos de deforestación. La queja o denuncia -que no fue atendida- fue recibida por Mireya Salas, jefa de dicho departamento en la institución.
De acuerdo al reporte que Díaz Salgado entrega al cabildo de Tlaltizapán el día 11, se refiere cómo inició el caso, siendo enterado por la secretaría municipal de una solicitud para “desmontar en el campo Cuauilotla, de San Rafael”, para sembrar agave y otros productos. Con posterioridad, transcurriendo los primeros días del mes de mayo, se presentaron al ayuntamiento los interesados en el permiso para la deforestación. De obras públicas fueron canalizados al departamento de Díaz Salgado, quien les hizo saber de la improcedencia de la petición.
Aclara que avisó al mismo alcalde, Abel Espín, que no estaban facultados para autorizar la petición de desmonte, sino la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Fue el 31 de mayo cuando avisó a la citada funcionaria de la Profepa, Mireya Salas, “vía telefónica… que uno o dos días antes una máquina había iniciado los trabajos de desmonte… mencionando la licenciada Mireya Salas… que actuarían inmediatamente”.
Siete días después, al no recibir noticias del procedimiento, Elías Díaz emitió una denuncia por escrito al mismo lugar, porque “la misma encargada del área de denuncias de la Profepa me refirió que la denuncia presentada se había extraviado, solicitándome la volviera a presentar”. Ante los hechos, reenvió la denuncia a la delegación estatal de la Profepa el 25 de junio; seis días después se le notificó que había procedido, “y que la investigación recaía en la persona del ciudadano Mario Lavin Ilizaliturri”.

Complicaciones, amenazas y abusos

El funcionario denunciante recibió amenazas de muerte en su domicilio por vía telefónica, por lo que también inició una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República. En un documento de la presidencia municipal, consta que hasta el 7 de julio fueron visitados por los inspectores de la Profepa, “para investigar una denuncia de un predio”, de lo cual fue avisada desde el mes de mayo. Consta que por investigación del policía ecológico, José Luis Capistrán Huidobro, con los inspectores, se logró saber que el encargado de los trabajos de deforestación fue Ceveriano Muñoz (asesor jurídico del alcalde), quien siendo cuestionado por los inspectores, dijo que el terreno pertenecía a Mario Lavín Ilizaliturri y que el permiso lo dio el director de obras públicas del ayuntamiento, Jesús Orozco Hernández.
El síndico Juan Ramírez, al denunciar la omisión y apatía de la Profepa, señaló que se investigará hasta las últimas consecuencias, por lo que buscará que el cabildo de Tlaltizapán emita una protesta y cite a los funcionarios involucrados para que declaren al respecto.