Culpa cardenal Íñiguez a el Jojutlense Jorge Carrillo Olea de la muerte de Posadas
Oculta PGR pistas que involucran a funcionarios: abogado del clero

Por Javier Zavala

El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, acusó al general y Jojutlense Jorge Carrillo Olea de ser el autor intelectual de la muerte del cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, ocurrida el 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto internacional de la capital de Jalisco.
Con base en una información difundida por Formato 21, ayer la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que sigue abierta la investigación sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, bajo la línea de que algún servidor público federal podría haber participado en él.
Sin embargo, la radiodifusora difundió el nombre del citado ex servidor público y ex gobernador de Morelos, Carrillo Olea.
En un comunicado, la dependencia federal informó que luego de que se reabrió el caso el 12 de junio de 2001 con ocho líneas de investigación, de las que siete ya fueron agotadas, la vigente es la que tiene origen en la declaración hecha por un ex trabajador de Telmex sobre la supuesta intervención telefónica al prelado.
La investigación sobre el crimen ocurrido hace 12 años fue reabierta por la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido y se le dio seguimiento en la administración de Rafael Macedo de la Concha, con Marisela Morales Ibáñez.
En su oportunidad se determinó que en siete hipótesis no había elementos suficientes para acreditar la participación de un servidor público en ese homicidio.
Sin embargo, a raíz de la declaración de José Luis Thirión Muñoz, ex trabajador de Teléfonos de México, en torno a una presunta intervención telefónica a Posadas Ocampo, esa línea es la que todavía no está agotada en su totalidad y continúa con la colaboración de la Comisión Especial que da seguimiento al caso.
La PGR subrayó que la actuación del Ministerio Público de la Federación está "circunscrita a la institucionalidad, honestidad, objetividad y excelencia que rigen al sistema de procuración de justicia".
A más de una década del homicidio ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, la PGR anunció que dentro de la esfera de su competencia hará un análisis exhaustivo de todas las pruebas que han sido aportadas en la averiguación previa.
En ese sentido y de acuerdo con la versión de Formato 21, el abogado José Antonio Ortega Sánchez, representante legal del cardenal Sandoval Íñiguez, reveló que solicitarán al nuevo titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, que les permita ser coadyuvantes en las investigaciones de este homicidio.
Ortega, quien además se desempeña como presidente Ejecutivo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, dijo que tiene confianza en el nuevo procurador ya que es un funcionario fresco que no tiene compromiso con los grupos que participaron en este homicidio.
"Esa es la confianza que tenemos, esto yo lo he platicado con el señor cardenal y con algunos señores obispos, y esa es la confianza. Nosotros tenemos confianza en las instituciones y ahora que se ha renovado la procuraduría, pensamos que Daniel Cabeza de Vaca puede iluminar el rincón oscuro de la PGR; sacar a las arañas y malos elementos que desde ahí estaban manipulando, escondiendo, tergiversando y ocultando", expresó.
Y consideró que una vez quitado esas telerañas y esos bichos raros y leones que han perjudicado mucho al país, podamos seguir adelante y sea la propia autoridad la que dé a conocer el resultado de la investigación.
Y mientras estas graves acusaciones caen sobre el exgobernador Jojutlense Jorge Carrillo Olea, este escribe un articulo, cuestionando la legitimidad Juridica de la PGR. ¿Se estara amarrando el dedo ?.

Inseguridad jurídica e intranquilidad social
Por: Jorge Carrillo Olea
Su procurador Macedo se empeñó, manu militare, como cruzado en liberarTierra Santa, en consumar actos incalificables. Actuó como lo hizo al frente de la Procuraduría de Justicia Militar.
Sin ánimo de abogado, que no lo soy, quiero referirme de algún modo a un clima preocupante que crece en el ambiente: la inseguridad jurídica y sus consecuencias. Entiendo por este concepto, la sensación que tiene el individuo de que su persona no se encuentra a salvo de atropello por la autoridad, tampoco están a salvo sus derechos, ni sus bienes. La aplicación de la ley, por torcida, no lo protege, lo acosa. De este clima, Macedo resultó sólo eficiente instrumento; el autor es Fox, por supuesto.
La certidumbre moral que merece tener el individuo de que le serán respetados sus derechos, no se producirá si en el marco de la vida social no existen las condiciones para tal efecto: leyes apropiadas y organización judicial ética, dice la teoría. Yo sumaría de manera recalcada a la voluntad y energía políticas de los gobernantes para que esta certidumbre encuentre fundamento.
Lamentablemente, la memoria de que haya existido tal certidumbre es remota. Más ausente ha estado en los pasados cuatro años en que hemos visto cada día cómo se atropellan los derechos de las personas, se inventan cargos, se fabrican pruebas, se compran testigos. Esa es la imagen de la procuración de justicia y, por ende, fuente de la inseguridad jurídica y de la intranquilidad social.
El Presidente desencadena sus pasiones con vendetas personales alimentadas por su ignorancia, sus alucinaciones y un ejercicio abusivo de la fuerza. Su procurador Macedo se empeñó, manu militare, como cruzado en liberar Tierra Santa, en consumar actos incalificables. Actuó como lo hizo al frente de la Procuraduría de Justicia Militar, a las órdenes del jefe cuando fue el gran inquisidor militar.
La actual PGR es la misma que utilizaran Zedillo y su empleado Madrazo para violar la ley. Es la que pagó a una adivinadora, La Paca, para esclarecer un homicidio; la que efectuó exhumaciones e inhumaciones clandestinas para encontrar el muerto que necesitaba; la que pagó 500 mil dólares a un testigo por una declaración incriminatoria; la que intentó, con perfidia, reventar a López Obrador; la que protege a Estrada Cajigal; la que congela políticamente averiguaciones previas; la del caso Artemisa; la que le inventó todo un caso a Nahúm Acosta, basándose en un soplo de la DEA.
¿Será que el señor Cabeza de Vaca asuma el impostergable rescate de la institución y no opere al servicio de su jefe? Los indicadores apuntan para otro lado: es una vez más sólo un empleado de Fox. No es el comprometido jurista de gran prestigio, el defensor de los derechos de los ciudadanos en equilibrio con su difícil tarea de procurar la justicia.
Hasta hoy un fantasma siniestro nos acecha: el resultado del retorcimiento de la justicia que provoca el desasosiego social que nadie desea.