CAP contra Sergio Estrada, por el desalojo en el Texcal

PUENTE DE IXTLA, MOR. Integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) en el ámbito nacional, aseguraron que el desalojo de presuntos “invasores” del área natural protegida de El Texcal, por parte de autoridades estatales y federales, “no es más que una provocación a las organizaciones campesinas”. Lo anterior, luego de que desde el jueves pasado, el CAP sesionara en Morelos para analizar junto con las autoridades federales los avances del Acuerdo Nacional para el Campo, pero “al darse este enfrentamiento con integrantes de la Central Campesina Independiente (CCI), para nosotros es una provocación”, por lo que José Luis González Aguilera, coordinador del CAP, pidió a Sergio Estrada Cajigal que “no atente contra los intereses de los campesinos. No vamos a tolerar las organizaciones agrarias que lesione los intereses de la clase campesina, queremos una relación de respeto con él, una relación fraterna, pero no se va a lograr si atenta contra nuestros agremiados, que se quite de frivolidades y que atienda mejor los problemas locales”. González Aguilera mencionó que el gobierno de Morelos, “antes de dar un paso de esta naturaleza, sería justo agotar las instancias de diálogo y conciliación”.Cabe señalar que a la CAP se encuentra adherida la CCI, que en Morelos dirige Adrián Cortés, quien es señalado por comuneros de El Texcal como el principal invasor vendedor de tierras en el área natural protegida, además defensor de más de 400 familias de la colonia Lomas del Pedregal desde 1998.Asimismo, el coordinador del CAP aseguró que el dirigente nacional de la CCI y diputado federal, Rafael Galindo Jaime, “pedirá a nombre del CAP, plantee esta situación en el seno de la tribuna de la Cámara de Diputados para que el pueblo de México conozca las arbitrariedades de un gobierno que no quiere atender los problemas de los campesinos y en vez de dialogar, lesiona”. Dijo que las organizaciones campesinas repudian las agresiones que se dieron en el desalojo, por lo que exigirán que los funcionarios involucrados en esta acción sean removidos de sus cargos y sean consignados por delitos de abuso de autoridad. Por su parte, Rafael Galindo Jaime, dirigente nacional de la CCI, dijo que al ser el representante de un gran mayoría de los afectados del desalojo y agresión en El Texcal, “pediremos un punto de acuerdo para hacer una protesta enérgica por las medidas tomadas por Estrada Cajigal, así como solicitar a fondo una investigación que dé con la legalidad o ilegalidad de esta acción orquestada desde el gobierno”. Puntualizó que si bien este caso pudiera ser considerado un conflicto entre comunidades indígenas –Santa Catarina municipio de Tepoztlán y Tejalpa municipio de Jiutepec–, las personas que ahora viven en ese lugar realizaron una compra de buena fe. Además, aseguró que “lo más criticable es que al parecer, no existe una orden judicial de desalojo, en tal caso no puede haber una orden de desalojo administrativa, ya que no fue mostrado un documento oficial que justifique la acción del día viernes”. Galindo Jaime añadió que “por eso consideramos que es un operativo totalmente ilegal, y exhortamos a Estrada Cajigal a que cuando menos entienda lo que dice el Presidente de la República, que debe respetarse la legalidad y el estado de derecho. Lo que le pasó al jefe de Gobierno del Distrito Federal fue a consecuencia de la violación legal de un procedimiento de amparo, entonces nos parece que en este caso deberíamos medir con el mismo rasero actitudes como las que se suscitaron el día viernes”. El además presidente de la Comisión Especial para el Campo en el Congreso de la Unión detalló que como acción inmediata, “se presentará la protesta de los desalojados a la tribuna de la Cámara de Diputados, desde donde se solicitará que se respeten las leyes, pero además como una muestra de que las organizaciones campesinas no permitirán que se cometan este tipo de acciones en contra de los intereses de los campesinos, pues en lugar de ayudarles y garantizarles la seguridad jurídica de sus terrenos, se les desaloja”. Asimismo, indicó que como una respuesta a estas acciones, iniciarán si es necesario, una serie de movilizaciones apoyados por las organizaciones firmantes del CAP en Morelos. Finalmente, señaló que aparte de ser un acto ilegal, “puede considerarse un acto deshumanizado y una muestra de barbarie por parte de las autoridades federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente, así como el gobierno del estado y demás dependencias que participaron en el desalojo que terminó con más de seis detenidos, lesionados y casas derrumbadas”.