Rechazan la cuenta pública de Puente de Ixtla


Tras detectar un desfalco en las arcas municipales de Puente de Ixtla por 113 millones, los integrantes de la Cuadragésima Novena Legislatura, optaron por no aprobar la cuenta pública.De acuerdo a los documentos que en la sesión de ayer proporcionaron los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública a los diputados, en el supuesto desvío de recursos están involucrados Luciano Abarca Villalobos y sus antecesores priistas Fabiola Alvarez Velasco y Julio Espín Navarrete.El alcalde y sus antecesores incurrieron en el desvío de recursos públicos, al no justificar su uso en obras y acciones, además presentaron facturas y documentos falsos, tenían en nómina a aviadores, rentaron inmuebles sin fin alguno e inclusive Espín Navarrete se dio el lujo de vender una camioneta del ayuntamiento sin la autorización del cabildo y sin reportar ese ingreso a las arcas municipales.Asimismo, la CHPyCP solicitará al pleno del Congreso local se instruya a la Auditoría Superior Gubernamental (ASG) para que inicie un procedimiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos mencionados, por las acciones administrativas o delitos penales en que hayan incurrido, al no haber solventado las observaciones a la cuenta pública 2003, que en su momento les fueron presentadas.Una vez que el pleno aprobó el dictamen correspondiente, los funcionarios tendrán un plazo de 10 días hábiles para atender nuevamente las observaciones, pese a que la revisión corresponde al ejercicio 2003, es decir, a más de un año que terminó el periodo en revisión la ley le otorga un plazo extra de comprobación.El alcalde Abarca Villalobos no pudo justificar 30.5 millones de pesos que ejerció del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2003; Alvarez Velasco 70.2 millones que que gastó del 7 de abril al 31 de octubre; y Espín Navarrete 12.2 millones, que utilizó de 1 de enero al6 de abril.Entre las irregularidades más frecuentes están la doble contabilización de pólizas de cheques; la falta de pago a proveedores y prestadores de servicios; el arrendamiento injustificado de locales; la inexistencia de bienes adquiridos por la administración, como computadoras, software, vehículos, entre otros; pago a personal que no labora en el ayuntamiento; desvío de recursos federales en obras, y acciones diferentes a lo que marca la norma o sin los expedientes técnicos correspondientes.