Exhiben millonario adeudo en Puente de Ixtla

Luciano Abarca Villalobos, alcalde de Puente de Ixtla, y sus antecesores priístas, Fabiola Alvarez Velasco y Julio Espín Navarrete, tendrán que solventar 113 millones de pesos que gastaron en 2003 o reintegrarlos a las arcas municipales, independientemente de las consecuencias penales, según el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública que fue aprobado ayer por unanimidad por el Congreso de Morelos.En tanto, el grupo parlamentario del PAN, a través del diputado Antonio Aragón Zamora, denunció que la revisión hecha por la Auditoría Superior Gubernamental (ASG) en la que se sustenta el dictamen, está incompleta, pues no establece que en la cuenta pública 2003 se reportaron obras inexistentes y otras aún no terminadas o con materiales de pésima calidad.El panista arremetió en contra del ex alcalde priísta Julio Espín, así como de su sucesora, Fabiola Alvarez, quienes hicieron un inadecuado uso de los recursos públicos, además de incurrir en el desvío de los mismos. De acuerdo al dictamen de la Comisión de Hacienda, el presidente de Puente de Ixtla, Luciano Abarca Villalobos, y sus antecesores priístas Fabiola Alvarez Velasco y Julio Espín Navarrete, no pudieron comprobar el uso de 113 millones de pesos que gastaron en 2003. Los servidores públicos tendrán que justificar la utilización de los recursos o reintegrarlos en su totalidad en las próximas semanas.El alcalde y sus antecesores incurrieron en el desvío de recursos públicos, al no justificar su uso en obras y acciones, además presentaron facturas y documentos falsos, tenían en nómina a aviadores, rentaron inmuebles sin fin alguno e inclusive Espín Navarrete se dio el lujo de vender una camioneta del ayuntamiento a Ernesto Morales Barud, hermano del ex gobernador Jorge Morales Barud, sin autorización del cabildo y sin reportar ese ingreso a las arcas municipales.Asimismo, la Comisión de Hacienda solicitó al pleno del Congreso local se instruya a la ASG para que dé inicio a un procedimiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos mencionados, por la acciones administrativas o delitos penales en que hayan incurrido, al no haber solventado las observaciones a la cuenta pública 2003 que en su momento les fueron presentadas.La ASG deberá notificar a los responsables y éstos tendrán un plazo 10 días hábiles para atender nuevamente las observaciones, pese a que la revisión corresponde al ejercicio 2003, es decir, a más de uño que terminó el periodo en revisión la ley le otorga un plazo más de comprobación.Abarca Villalobos no pudo justificar 30.5 millones de pesos que ejerció del 1º de noviembre al 31 de diciembre de 2003; Alvarez Velasco 70.2 millones que gasto del 7 de abril al 31 de octubre; y Espín Navarrete 12.2 millones, que utilizó del 1º de enero al 6 de abril.Entre las irregularidades más frecuentes están la doble contabilización de pólizas de cheques; el no pago a proveedores y prestadores de servicios; el arrendamiento injustificado de locales; la inexistencia de bienes adquiridos por la administración, como computadores, software, vehículos, entre otros; pago a personal que no labora en el ayuntamiento; el desvío de recursos federales en obras y acciones diferentes a los que marca la norma o sin los expedientes técnicos correspondientes, entre otros.