Acusa Canaco abusos de funcionarios de Jojutla

HUGO BARBERI RICO JOJUTLA, MOR. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la región, se pronunció ayer en contra de los abusos que cometen funcionarios de los gobiernos municipal y estatal, los cuales han afectado severamente al gremio y a la ciudadanía. Los representantes del organismo señalaron que la tesorera municipal, Maria Eugenia Bahena Manjarrez, ha puesto “piedras en el camino” ya que no ha dado información sobre el acuerdo que sostuvo con el alcalde sobre el pago de refrendos. Al respecto, el vicepresidente del gremio, Marcos García Alvarez, señaló que “me gustaría creer en la buena fe del alcalde, y que no se haya dejado manipular por Bahena Manjarrez en la elaboración del acuerdo”. Acompañado por el titular de la Cámara, señaló que la Dirección de Transporte ha impuesto cobros indebidos a particulares, con la complacencia de sus jefes. Los inconformes manifestaron que la Canaco Jojutla, representa a once municipios de la región y que cada 3 años sufren un desgaste tratando de hacer entender a las nuevas administraciones, en el sentido de aclarar la disposición federal en materia de derecho, prevista en Ley de Coordinación Fiscal. Señalaron que este cobro indebido que realizan los ayuntamientos a las tiendas afiliadas a la Canaco, se encuentra establecido por el artículo 10-A de la ley, en el que establece que las entidades federativas que opten por coordinarse, no mantendrán en vigor, derechos estatales y municipales, ya que para ese caso existen licencias y las anuencias previas al otorgamiento de las mismas. Con relación a la actuación de Bahena Manjarrez, el líder señaló que a la fecha “no nos ha entregado documento alguno relacionado con los refrendos, ya que nunca la encontramos”. Destacó que la funcionaria nunca se hallaba en su lugar de trabajo. Cabe señalar que desde el mes de febrero la Tesorería recibió el pago de refrendo, pero Bahena Manjarrez se negó a dar las tarjetas correspondientes. Ante esta situación, los representantes de la Canaco exigen la destitución de la tesorera municipal “por inepta”, y manifestaron que “el presidente municipal tiene la obligación de destituirla, porque ha desacatado una ley.

Se enfrentan verbalmente edil y directivo sindical

El alcalde enfermó por esa causa; cesan al integrante del sindicato

Jojutla.- Tras un enfrentamiento verbal entre el presidente municipal, Alberto Cabrera Díaz y el secretario de prensa del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de este lugar, Alberto Hernández Rodríguez, éste fue cesado del cargo, por lo que el sindicato anunció manifestaciones para el día de hoy.En asamblea realizada ayer en la explanada del ayuntamiento, el comité sindical, que encabeza Sairt Tarango Peña, informó que este martes, integrantes del comité se entrevistaron con Alberto Cabrera Díaz y le exigieron cumplimiento a los acuerdos pactados de mejora salarial y equipo para los trabajadores de limpia.Reconocieron que sí hubo discusión, "como la hay en cualquier negociación", gritos, e incluso se hablaron "como hombres", pero "nunca se ofendió".Esto hizo que posteriormente el alcalde "se pusiera mal" de salud y requiriera atención médica.Por su parte, Hernández Rodríguez, quien es trabajador del servicio de limpia, pero desde hace cuatro años tiene licencia para ser vocero del órgano sindical, manifestó que el día de ayer, el departamento jurídico le informó de manera verbal que estaba despedido, sin que le explicaran las razones.Por ello, ayer, durante la asamblea, se mencionó que a las nueve horas de este jueves, los trabajadores manifestarán su inconformidad por el despido y la actitud "represora" y poco sensible del edil.El secretario municipal, Roberto Melgar Arteaga, confirmó el cese de Alberto Hernández y aseguró que se debió a que el trabajador le faltó al respeto al presidente."Esta persona (Hernández) insultó al presidente de manera retórica (sic), golpeaba en la mesa, le gritó y lo retaba a golpes; entendemos que tienen derechos, pero no estamos dispuestos a tolerar como gobierno la insubordinación y la falta de respeto", señaló.Agregó que esta actitud, de ofender y retar al edil, es por sí misma causal de despido, pues no se puede retar a golpes al patrón, pues existen muchas maneras de manifestar inconformidades.Aseguró que la medida no es reversible, a pesar de que se manifiesten los trabajadores."Es lamentable su actitud, pero tiene que ser responsable de sus actos", finalizó.



Edil de Jojutla se salva de un arresto

Producto de un juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el ayuntamiento fue sancionado con 40 salarios mínimos

Jojutla.- El presidente municipal de Jojutla, Alberto Cabrera Díaz, junto con otros funcionarios del ayuntamiento, estuvieron a punto de ser arrestados por la policía estatal o su propia policía, luego de que el cuerpo jurídico del ayuntamiento no presentó una prueba que le requirió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (TECA), en un proceso que se sigue por la colocación de una escalera en el mercado Antonio Rivapalacio López de la ciudad.Vale recordar que a mediados del año pasado, luego de que los comerciantes ambulantes de la periferia de los mercados fueron desalojados, el gobierno del entonces presidente municipal, Nelson Torres Mondragón intentó acondicionar la parte alta de los locales exteriores del mercado "Antonio Rivapalacio", para lo cual mandó colocar una escalera metálica para acceder a la azotea de esos locales.Eso provocó la protesta de los comerciantes, pero a pesar de ello, la escalera se instaló, por ello Janet Moya García y otros locatarios, acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para interponer su queja bajo el expediente número TCA/3ªs/85/2006 en contra del ayuntamiento de Jojutla. Su argumento era que las azoteas no estaban en condiciones de ser ocupadas por comerciantes y hasta mostraron un reporte de la dirección de Protección Civil.Al final, el proyecto se canceló, pero el proceso administrativo continuó, por lo que el pasado 11 de abril, el órgano judicial requirió al ayuntamiento el oficio con la orden del edil para instalar la escalera, el cual no se presentó, por lo que el tribunal apercibió de una sanción económica de 40 días de salario mínimo, tanto el Presidente municipal, el Síndico, el Secretario, el Director de Licencias, el de Obras Públicas, Servicios públicos y Administrador de Mercados, por no haberlo presentado.El Tribunal advirtió también que si no entregaban el citado oficio, la sanción ahora sería de arresto hasta por 36 horas para todos los mencionados. Sin embargo, el director jurídico de la comuna, Mauricio López Salgado, expuso que se salvó el arresto, aunque todavía no la sanción."El magistrado pidió que exhibiéramos la orden de poner la escalera metálica, pero esa orden no existe. La semana anterior hubo una audiencia y le informamos al magistrado de esa situación. Nos apercibieron de la multa y el arresto, pero se hicieron las manifestaciones de que es imposible dar cumplimiento y se quedó sin efecto el supuesto arresto, está por resolverse la multa. Considero que el viernes se puede dar la respuesta", apuntó..