Repaso
Narcotráfico:una sombra que duele

Carlos Gallardo Sánchez
En conflictos como el de la presunta vinculación de autoridades estatales con el narcotráfico, hay saldos que difícilmente pueden ser borrados con la aplicación estricta de la ley. En Morelos, lo sabemos, la sospecha sobre la comisión de delitos de esa índole, amparados en la protección o complicidad de funcionarios públicos, trasciende el desenlace jurídico que tenga y ya algunos sectores de la sociedad dan como un hecho que esta administración se percudió con la poderosa influencia de los mercaderes de la droga.

Casi a la mitad de su sexenio, al gobierno de Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez se le vino encima la sospecha de tener vínculos con los barones del narcotráfico. La historia es de todos conocida, después de la aprehensión de Agustín Montiel López, uno de sus principales hombres de confianza, según se infiere de las reiteradas muestras de apoyo que le brindó, sobre todo cuando las fuerzas de oposición lo alertaban sobre los negros antecedentes de ese individuo hosco y amedrentador con todos los que se le pusieran enfrente.
Al detenerlo, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) lo acusó precisamente de sus nexos con quienes utilizaron y utilizan a la entidad ya no sólo como lugar de tránsito de la droga, sino como espacio territorial en donde su consumo se incrementó de manera alarmante.
Los efectos políticos y sociales se desencadenaron uno tras otro. Entre los primeros está la percepción de un buen núcleo poblacional que acepta como verídicas las imputaciones en contra del actual régimen estatal, acerca de que funcionarios de primer nivel están involucrados en el negocio y, más aún, que son adictos a alguna droga.
Entre los segundos, el más relevante fue la instauración de un juicio político que se ha prolongado más de la cuenta y que, aunque fuese favorable al mandatario estatal el dictamen que habrá de emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa demora se prestó, tal vez sin que haya sido la intención, a sospechar en una especie de protección al más alto nivel federal hacia Estrada Cajigal.
Desde luego que cada vez que surge alguna versión sobre tan repudiable asunto el propio gobernador lo desmiente, así como sus cercanos comisionados para lavarle la imagen. Pero la sombra no se va. La mancha persiste en quedarse, sobre todo si las noticias que se publican en ese tono de “sospechosismo” aparecen cíclicamente, como sucedió recientemente con la exclusiva difundida por la revista “Sin línea”, que editan Justino Miranda y Agustín Ambriz, retomada por Raquel Fierro, corresponsal de “Reforma”.
De acuerdo con la información publicada, obtenida de un reporte de inteligencia militar, desde el año 2001 se había manejado la presunción de que el mandatario estaba al tanto sobre los malos pasos de algunos de sus funcionarios. Nombres dieron y eso resulta gravísimo porque, en efecto, entre los mencionados está gente que en un momento determinado tuvo la confianza del gobernador. Ya no aparecen en este contexto solamente Agustín Montiel López y Eduardo Becerra Pérez. Ahora se involucra a personajes como los hermanos Jorge y Miriam Hernández, el primero oficial mayor y la segunda ex directora del DIF estatal, de quien se observó un cambio radical de vida, que sólo puede suceder cuando alguien se enriquece de manera intempestiva.
Debe decirse que hasta ahora, desde la perspectiva de las autoridades encargadas de investigar este asunto hasta sus últimas consecuencias, todavía cualquier señalamiento queda en el ámbito de las especulaciones. Incluso, mientras no se le sentencie de manera definitiva por los delitos que se le imputan, Agustín Montiel López sigue estando en calidad de presunto infractor de la ley.
Con mayor razón habremos de considerar que los personajes a los que se ha aludido y que están libres estarían en su derecho de replicar los señalamientos en su contra.
Pero al margen de cualquier consideración de culpabilidad comprobada, hemos de insistir en que difícilmente, por todos los factores aquí comentamos y otros que no abordamos, en la proyección hacia una parte dela sociedad del actual régimen estatal cala la idea de que el gobierno actual fue infiltrado por el narcotráfico.
Ese es el lastre que observamos y que difícilmente podrá eludir la administración de Estrada Cajigal, así, repetimos, el mandatario sea eximido de toda culpa al respecto de su participación directa, no así de que permitió prohijar en la estructura de gobierno a individuos propensos a delinquir aprovechando el puesto público que se les encomendó.