Manos panistas en el TSJ evitan la caída de SEC




HUGO BARBERI RICO

ZACATEPEC, MOR. El ex diputado local perredista, Juan Ignacio Suárez Huape aseguró que “manos panistas” en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) evitan dar “un arma jurídica de primera mano para acelerar la caída de un gobernador ligado al crimen organizado. Ahí están los magistrados panistas protegiendo al gobernador (Sergio Estrada Cajigal) ex patrón de Agustín Montiel (ex director judicial, encarcelado en el penal federal de Almoloya)”.Acusó que los magistrados ligados al gobernador, “son los que están obstruyendo esto. Hipólito Prieto, concretamente, magistrado consentido de Sergio Estrada, que fue su empleado, como asesor jurídico del ayuntamiento de Cuernavaca, sin la menor preparación jurídica para estar ahí”.Pero el temor es que el ex legislador estatal utilice un instrumento legal, emitido por el Poder Judicial de Morelos, para introducir un nuevo juicio político en el Congreso federal y hace pensar a Suárez Huape, según refiere en la entrevista, que el gobernador “está pisoteando la ley, está recurriendo a falsedad de declaraciones de una autoridad y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este caso, y con esto habría un juicio político inmediato por parte del congreso de la unión”, añadió.Suárez Huape rememoró cómo el TSJ le ha negado entregar una copia simple de su respuesta a la SCJN, sobre la controversia constitucional del gobernador en torno a su presunta “destitución”.El político precisó que “el TSJ nombró una comisión de magistrados para dar contestación a la controversia constitucional presentada por el gobernador de Morelos ante la SCJN, yo solicito al tribunal una copia simple de su respuesta a la SCJN y en esa respuesta, el TSJ contesta que es falso lo que afirma el gobernador, dado que nunca hubo una sesión secreta, nunca se le destituyó y entonces estaba mintiendo el gobernador al decir esto”.En octubre, un día después de la sesión del pleno de magistrados, Suárez Huape solicitó una copia, y luego de mes y medio “no tengo ninguna respuesta del TSJ, a pesar de que tenía la dirección y estoy a dos cuadras del tribunal”.Ante la falta de respuesta del TSJ, el ex diputado acudió al Instituto Morelense de Acceso a la Información (IMAI) para poner un recurso de queja, “el instituto conoce mi cuestionamiento y emite un resolutivo a finales del mes pasado y da 10 días al tribunal para entregarme esta información”. Pero el tribunal en su respuesta lo negó, al clasificar el caso como una información confidencial.“Afortunadamente –añade– el IMAI revoca ese fallo y le exige al TSJ que me entregue en 10 días esa información, pero Ricardo Rosas (Pérez) presidente del órgano, hizo una declaración “muy desafortunada la semana pasada, cuando dijo que esto no era posible”Incluso, señaló que presentaría una controversia constitucional contra el IMAI “por excederse en sus funciones”, empero, el viernes 11 de febrero, el ex diputado recibió la notificación del TSJ “en donde se me dice que pase a la secretaría general de acuerdos por la información que había solicitado”, pero el martes en vez de entregarle lo pedido, la copia simple de los acuerdos, “me entregan una sola cuartilla donde viene un resumen de tres líneas señalando que los acuerdos fueron aprobados por mayoría” y señalan que serán llevados por los magistrados a la SCJN.Juan Ignacio Suárez, consideró “una soberana burla” la respuesta tanto para él como para el IMAI, ante quien solicitó un recurso de inconformidad, “y que ellos se encargaran de ejecutar la sentencia que ya se había dictado”.Por lo que –de acuerdo al juicio de Suárez Huape– procede una multa al presidente del TSJ por negarse a cumplir el derecho al acceso a la información que “tenemos todos los ciudadanos”, pero “también es lamentable que el TSJ que es un órgano encargado de la impartición de justicia, esté evadiendo el cumplimiento de la cultura de rendición de cuentas”.