Rechaza el Consejo de la Judicatura favorecer a Gustavo Rebolledo

El consejero de la Judicatura, Hugo Manuel Bello Ocampo, dijo que ese organismo está dispuesto a iniciar una investigación por la supuesta desaparición de un expediente en el que aparece como demandado el diputado priísta Gustavo Rebolledo Hernández, a pesar de que la juez que está encargada del caso es nada menos que la esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Manuel Jiménez Alegre.
Lo anterior, luego de que un particular denunció que el Juzgado Civil del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Jojutla, extravió el expediente de un juicio mercantil por un millón 700 mil pesos en contra del ahora legislador independiente, horas después de que el legislador renunció a la fracción parlamentaria priista, supuestamente para no otorgar su voto a favor del juicio político contra el gobernador, Sergio Estrada Cajigal Ramírez.
Jorge Vélez Sánchez, comerciante del mercado Adolfo López Mateos, presentó dos pagares firmados por el diputado Hernández Rebolledo, cada uno por la cantidad de 135 mil pesos, sin embargo, estimó que por los daños, pago de abogados e intereses moratorios, el monto del adeudo es ahora de un millón 725 mil pesos, pues la deuda que el legislador contrajo data desde septiembre de 1999.
Hugo Bello Ocampo dijo no tener conocimiento exacto del asunto más que por lo que han publicado los medios informativos, “por lo que habría que comenzar por saber si efectivamente extraviaron el expediente, en cuyo caso la parte demandante debe solicitar la reposición del procedimiento ante el mismo juzgador, pero yo dudo que realmente haya desaparecido”.
Comentó que, de acuerdo a lo publicado por los periódicos, la Juez que lleva el asunto es María del Carmen Aquino Célis, Juez Menor que provisionalmente está haciéndose cargo del Juzgado Civil de Jojutla, y es también esposa del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia.
“Yo en lo personal no creo que la Juez se esté prestando a esas cosas, pero finalmente lo único que le podemos decir a la ciudadanía es que en el Consejo de la Judicatura no protegemos a ningún diputado ni funcionario de cualquier nivel, y que si la parte agraviada presenta una queja se iniciaría una investigación a fondo y se sancionaría a los responsables en caso de resultar procedente”, sentenció.