Eximen a Sergio Estrada de tener nexos con el narco


Cuernavaca , Mor. El cartel de Juárez opera en 17 estados de la República, entre ellas Morelos, reconoció el titular de la subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos.
El funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que el narcotráfico está presente en esta entidad como en las ciudades del del Distrito Federal, el estado de México, Nuevo León o Tamaulipas, donde las organizaciones criminales tienen fuerte presencia.
El titular de la SIEDO deslindó al gobernador panista Sergio Estrada Cajigal Ramírez de cualquier nexo con el narcotráfico, al decir que los elementos acusatorios en su contra habían sido desvanecidos.
El gobernador fue citado en las investigaciones de la dependencia que derivaron en la detención del ex coordinador de la Policía Ministerial morelense, José Agustín Montiel López, y su director operativo, Raúl Cortés Galindo, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. En esa averiguación testigos protegidos de la PGR ligaron al gobernador en una relación sentimental con una familiar de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
Asimismo, el ex agente de la Policía Ministerial Marco Enrique Yépez Uribe, El Jarocho, dijo que en una reunión en Casa de Gobierno, el 20 de junio de 2002, en la que participó el titular del Ejecutivo, se planeó el homicidio del presunto narcotraficante Benjamín Gómez González, El Chino , así como del político perredista Graco Ramírez Garrido Abreu.
Santiago Vasconcelos participó en la séptima Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para Combatir el Delito de Secuestro, quien al ser cuestionado por la prensa dijo que en el desarrollo de las investigaciones no se pudo acreditar ningún vínculo del gobernador de Morelos con el narcotráfico.
Además dijo que tras una investigación ocular en la casa oficial de Morelos, así como con la comparecencia de trabajadores de la residencia, no hubo conexión entre los detalles que ofreció el ex agente ministerial y lo que existe físicamente.
Acuerdos de la séptima reunión El Grupo de Planeación y Análisis Estratégicos para el Combate al Delito de Secuestro acordó la asignación de 50 agentes policiales de las 32 entidades federativas para combatir los delitos de alto impacto, cuya propuesta había sido presentada el año pasado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
Sin embargo, a la reunión nacional no acudieron los diputados de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa, así como del Congreso de la Unión, quienes serían los responsables de aprobar la homologación de las penas para combatir los delitos de alto impacto.
Los representantes de los 21 estados de la República que participaron en esta reunión nacional se pronunciaron a favor de elevar la pena carcelaria para los secuestradores y establecer en los códigos penales estatales un mínimo de 20 años de prisión y un máximo de 50 años, sin embargo trascendió que el principal problema sería la presentación de contrarreformas a los códigos penales porque algunas entidades han establecido un castigo de hasta 70 años a los responsables de ese ilícito.
Bello Ocampo dijo que esta iniciativa se turnará a los 31 congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que sea analizada y discutida por los diputados con la finalidad de homologar las penas en la materia.