Aumentan en un 300% las demandas contra servidores públicos

Tlaltizapán.- “En comparación al año pasado, durante este primer bimestre, el número de demandas contra servidores públicos estatales, municipales y de organismos descentralizados, ha aumentado en un 300%”, declaró María del Carmen Quijano Delgado, titular de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Morelos, y expositora del taller regional de Justicia Administrativa, que se llevó a cabo ayer en las instalaciones del museo del ex cuartel de Emiliano Zapata, a través del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefom). La funcionaria señaló que en el caso de la región sur, los juicios que más se han dado en los municipios de la región, como Amacuzac, Jojutla y Tlaltizapán, entre otros, son los referentes a policías que han sido separados de sus labores de manera ilegal por parte de la autoridad municipal y, en este sentido, “en la mayoría de los que han comparecido ante el Tribunal, su acción ha sido procedente, a tal grado que este órgano ha ordenado la reinstalación de los mismos, y además, que se les paguen todos los salarios que dejaron de percibir”. Asimismo, hizo mención al problema que prevalece en el municipio de Tlaltizapán, relacionado con el gremio de la masa y la tortilla (en el que el ayuntamiento intentó cerrar un expendio en la colonia Alejandra, porque no estaba a la distancia que marca el reglamento de otro negocio del mismo giro, pero la población lo impidió), refiriendo “que son asuntos que estamos debatiendo y en este sentido, afirmó, la autoridad está actuando conforme a derecho, porque hay un reglamento que establece su actuar”.Es por ello, dijo, que el objetivo de estos talleres, es capacitar a los funcionarios públicos de la región para “darles a conocer el juicio contencioso administrativo, el cual es el que promueven los particulares en contra de las autoridades, para que cuando el ciudadano acuda al Tribunal, verifique si el actuar de la autoridad estuvo sustentado en la norma o no y, en el caso de que el funcionario lo haya emitido siguiendo el procedimiento, el Tribunal ratifica su actuar, pero en caso contrario, si el ciudadano demuestra la ilegalidad, se declara una nulidad lisa y llana de ese actuar para que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban”. Todo ello, continuó Quijano Delgado, “basado en el principio de legalidad, el cual debe regir a toda autoridad, ya que de acuerdo a los artículos constitucionales VIII, XIV y XVI, “el actuar de todas las autoridades de cualquier poder, debe estar fundamentado en la norma, en el derecho, y si la autoridad no tiene normatividad, no puede llevar a cabo sus actuaciones”.Finalmente, la magistrada del Tribunal comentó que a partir del próximo mes se realizará una intensa campaña enfocada a la ciudadanía, para darles a conocer los derechos que tienen como ciudadanos y los asesores jurídicos que ayudan a las personas de escasos recursos, pero antes, la primera etapa es capacitar a las autoridades para que conozcan sus obligaciones y la adecuada aplicación del marco jurídico, con el propósito de que no incurran en la ilegalidad.